UNASUR y la Democracia Póstuma

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Foto NV x-Rays – Democracia Póstuma – arreglo G. Lofredo Agosto 2009
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Atilio A. Boron

La Cumbre de la UNASUR en Bariloche tendrá que enfrentar dos gravísimos problemas que abruman a América Latina: el golpe militar en Honduras y la militarización de la región como resultado de la instalación no de una sino de siete bases militares norteamericanas en Colombia.

En relación a lo primero la UNASUR deberá exigirle a Barack Obama coherencia con sus propias declaraciones a favor de una nueva era en las relaciones interamericanas. Como lo hemos reiterado en numerosas oportunidades este golpe es un globo de ensayo para testear las respuestas de los pueblos y los gobiernos de la región. Y si tiene lugar en Honduras es precisamente porque fue ese el país más meticulosamente sometido a la influencia ideológica y la dominación política de Washington.
Fracasada la negociación de la OEA Washington procedió a suspender la emisión de visas para los ciudadanos de Honduras. Medida tibia, muy tibia, pero síntoma de que está tomando nota del clima político imperante en la región. Pero Obama debe hacer mucho más, y dejar de lado el falaz argumento que expresara hace unos pocos días cuando se refirió a la contradicción en que incurrirían los críticos del imperialismo al exigirle ahora que intervenga en Honduras. Es “irónico” –dijo en esa ocasión- “que algunos de los que han criticado la injerencia de Estados Unidos en América Latina se quejen ahora de que no está interfiriendo lo suficiente”.
Sabemos que Obama no está demasiado informado de lo que hacen sus subordinados civiles o militares, para ni hablar de los servicios de inteligencia. Pero debería saber, por ser tan elemental, que Estados Unidos viene interviniendo en Honduras desde 1903, año en que primera vez los marines desembarcaron en ese país para proteger los intereses norteamericanos en un momento de crisis política. En 1907, en ocasión de la guerra entre Honduras y Nicaragua, tropas estadounidenses se estacionaron durante unos tres meses en las ciudades de Trujillo, Ceiba, Puerto Cortés, San Pedro Sula, Laguna y Choloma. En 1911 y 1912 se reiterarían las invasiones, en este último caso para impedir la expropiación de un ferrocarril en Puerto Cortés. En 1919, 1924 y 1925 fuerzas expedicionarias del imperio volverían a invadir Honduras, siempre con el mismo pretexto: salvaguardar la vida y la propiedad de ciudadanos norteamericanos radicados en este país. Pero la gran invasión ocurriría en 1983, cuando bajo la dirección de un personaje siniestro, el embajador John Negroponte, se establecería la gran base de operaciones desde la cual se lanzó la ofensiva reaccionaria en contra del Sandinismo gobernante y la guerrilla salvadoreña del Frente Farabundo Martí. Obama no puede ignorar estos nefastos antecedentes y por lo tanto debe saber que el golpe contra Zelaya sólo fue posible por la aquiescencia brindada por su gobierno. Lo que se le está pidiendo es que Estados Unidos deje de intervenir, que retire su apoyo a los golpistas, único sustento que los mantiene en el poder, y que de ese modo facilite el retorno de Zelaya a Tegucigalpa. La Casa Blanca dispone de muchos instrumentos económicos y financieros para disciplinar a sus compinches. Si no lo hace es porque no quiere, y los gobiernos y pueblos de América Latina deberían sacar las conclusiones del caso.
En relación al segundo problema, las bases norteamericanas en Colombia, es preciso decir lo siguiente. Primero, que el imperio no tiene diseminadas 872 bases y misiones militares a lo ancho y largo del planeta para que sus tropas experimenten las delicias del multiculturalismo o de la vida al aire libre. Si las tiene, a un costo gigantesco, es porque tal como lo ha dicho Noam Chomsky en numerosas oportunidades, son el principal instrumento de un plan de dominación mundial sólo comparable al que en los años treintas alucinara a Adolf Hitler. Pensar que esas tropas y esos armamentos se desplegarán en América Latina para otra cosa que no sea asegurar el control territorial y político de una región que los expertos consideran como la más rica del planeta por sus recursos naturales      -acuíferos, energéticos, biodiversidad, minerales, agricultura, etcétera- constituye una imperdonable estupidez. Esas bases son la avanzada de una agresión militar, que puede no consumarse hoy o mañana, pero que seguramente tendrá lugar cuando el imperialismo lo considere conveniente. Por eso la UNASUR debe rechazar enérgicamente su presencia y exigir la suspensión del proceso de instalación de las bases. Y, además, aclarar que este no es un “asunto interno” de Colombia: nadie en su sano juicio puede invocar los derechos soberanos de un país para justificar la instalación en su territorio de fuerzas y equipamientos militares que sólo podrán traer destrucción y muerte a sus vecinos. Cuando en los años treinta Hitler rearmó a Alemania los Estados Unidos y sus aliados pusieron el grito en el cielo, sabedores que el paso siguiente sería la guerra, y no se equivocaron. ¿Por qué ahora sería diferente?
Segundo: mientras Uribe sea presidente de Colombia no habrá solución a este problema. Él sabe, como todo el mundo, que Estados Unidos ha venido confeccionando un prontuario que no cesa de crecer en donde se lo califica de narcotraficante y de cómplice de los crímenes de los para militares. En 2004 el Archivo Federal de Seguridad de Estados Unidos dio a conocer un documento producido en 1991 en el que se acusa al por entonces senador Álvaro Uribe Vélez de ser una de los principales narcotraficantes de Colombia, referenciado como el hombre número 82 en un listado cuyo puesto 79 ocupaba Pablo Escobar Gaviria, capo del cartel de Medellín. El informe, que puede leerse en http://www.gwu.edu/%7Ensarchiv/NSAEBB/NSAEBB131/dia910923.pdf

asegura que el hoy presidente colombiano “se dedicó a colaborar con el cartel de Medellín en los más altos niveles del gobierno. Uribe estaba vinculado a un negocio involucrado en el tráfico de narcóticos en Estados Unidos. Su padre fue asesinado en Colombia por su conexión con los narcos. Uribe trabajó para el Cartel de Medellín y es un estrecho amigo personal de Pablo Escobar Gaviria …(y) fue uno de los políticos que desde el Senado atacó toda forma de tratado de extradición.” Por lo tanto, Uribe no tiene ningún margen de autonomía para oponerse a cualquier pedido que provenga de Washington. Su misión es ser el Caballo de Troya del imperio y sabe que si se resiste a tan ignominiosa tarea su suerte no será distinta de la que corrió otro personaje de la política latinoamericana, presidente también él: Manuel Antonio Noriega, quien una vez cumplida con la misión que la Casa Blanca le asignara fue arrestado en 1989 luego de una cruenta invasión norteamericana a Panamá y condenado a 40 años de prisión por sus vinculaciones también con el cártel de Medellín. Cuando Noriega dejó de ser funcional a los intereses del imperio pasó velozmente y sin escalas de presidente a prisionero en una celda de máxima seguridad en los Estados Unidos. Ese es el espejo en que día y noche se mira Uribe, y eso explica su permanente crispación, sus mentiras, y su desesperación por volver a ser elegido como presidente de Colombia, convirtiendo a ese entrañable país sudamericano en un protectorado norteamericano, y a él mismo en una suerte de procónsul vitalicio del imperio, dispuesto a enlutar a todo un continente con tal de no correr la misma suerte que su colega panameño.

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Colombia: ¿Un Israel tropical? El gobierno de Uribe prefiere jugar la carta Made in USA

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Néstor Núñez (especial para ARGENPRESS.info)

¿Será que en la Bogotá oficial se aspira a que en pleno corazón del hemisferio, entre gobiernos y fuerzas progresistas en desarrollo, cuente Washington, como es su cierto propósito, con una punta de lanza émula de Tel Aviv en el contexto mesoriental?

Todo indica que ese y no otro es el propósito de los gobernan-tes colombianos, aún cuando ello implique fricciones serias con todos sus vecinos, y mayor oposición interna por su entreguismo y su falta de responsabilidad con relación a la autodeterminación nacional.

Y es que no podía ser más perturbador el reciente anuncio del ministro colombiano de defensa, el general Freddy Padilla, acerca de la concreción de un acuerdo para que tropas estadounidenses se establezcan en al menos cinco bases radicadas en territorio de su país, como evidente contrapartida al desmantelamiento de la instalación bélica de Manta, en Ecuador.

A estas alturas las tensiones son extremas con Venezuela, cuyo gobierno considera un acto deleznable y agresivo semejante paso de Bogotá, al punto que, en respuesta, Caracas retiró su embaja-dor en Bogotá y congeló las relaciones comerciales bilaterales, valoradas en unos siete mil millones de dólares de intercambio anual.

En contrapartida, el gobierno de Uribe echó mano a reiteradas acusaciones contra el gobierno de Hugo Chávez por una pretendi-da ayuda bélica a las guerrillas de la FARC, lo que elevó aún más el tono del diferendo.

Pero el asunto no ha quedado ahí. El mandatario brasileño, Luis Ignacio Lula Da Silva, su par chilena, Michelle Bachellet, y hasta el canciller español, Miguel Angel Moratinos, a la sazón en gira por Sudamérica, coincidieron en “la inconveniencia de una mayor pre-sencia militar de los Estados Unidos en Colombia”, un elemento a todas luces altamente peligroso para los pueblos y gobiernos de la zona.

La Bachellet, presidenta pro témpore de la Unión de Naciones Sudamericanas, UNASUR, integrada por Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú, Suriname, Uruguay y Venezuela, alentó la idea de debatir el tema en el Con-sejo de Defensa de la entidad multinacional, pero al parecer Bogo-tá no facilitará las cosas.

Uribe descartó su presencia en la reunión de UNASUR este diez de agosto en Ecuador, país al que también señala como “colabora-dor” con los insurgentes colombianos, y prefirió una gira por varias naciones del área, sin mayor resonancia pública, según sus afirma-ciones, para intentar justificar las ínfulas de gendarme imperial me-nor a las que parece ser gran aficionado.

Presencia indeseable

La historia regional es amplia en ejemplos de lo nocivo que se tor-na el despliegue militar del Norte en nuestras latitudes.

Las bases castrenses Made in USA no han servicio para otra cosa que para imponer los intereses geopolíticos gringos en la zona me-diante el apoyo a gobiernos afines, agresiones abiertas a movimien-tos populares y administraciones progresistas, puestos de entre-namiento de represores y mercenarios, y punto de partida de pro-vocaciones, altercados e invasiones contra nuestros países.

Basten como cercanos botones de muestra, la presencia por decenios en el Canal de Panamá de la sórdida Escuela de las Amé-ricas; la invasión bélica a la nación istmeña en 1989 desde ese terri-torio entonces usurpado, y la implicación del personal de la base de Palmerola o Soto Cano, en el golpe de estado contra el gobier-no legítimo de Honduras el pasado 28 de junio.

Más carga pesada

La página digital ALAI AMLATINA, con fecha 23 de julio del pre-sente año, abunda sobre la aplicación del acuerdo entre Bogotá y Washington para asentar nuevas fuerzas norteamericanas en Co-lombia.

La publicación indica que la principal instalación a utilizar por los nuevos efectivos extranjeros será la de Palanquero, a apenas a 100 kilómetros de la capital colombiana, y a orillas del río Magdalena. Creado en 1988, ese enclave ha sido punto de partida de agresio-nes aéreas contra poblados circundantes en medio de “operacio-nes contrainsurgentes”. “Palanquero cuenta con una pista aérea de tres mil 500 metros de longitud, dos hangares y aloja la división más importante de la fuerza aérea colombiana.

“Las tropas norteamericanas también operarán desde la base de Apiay, en los llanos orientales de Colombia, así como en Ba-rranquilla, y en la base Alberto Puowels, en la costa caribeña”, en-tre otros puestos castrenses, asegura la ya citada fuente.

El acuerdo bilateral, inicialmente válido por una década, con-templa además el incremento de visitas de naves de guerra de Es-tados Unidos a los puertos de Málaga, en el Pacífico, y Cartagena, en el Caribe, a la vez que elevaría el número de efectivos gringos en territorio nacional hasta mil 400 soldados y contratistas milita-res.

Según ALAI AMLATINA, la embajada norteamericana en Bo-gotá no suministra informaciones sobre el asunto, y el jefe de esa dependencia, William Brownfield, se limitó a señalar que no habrá inversiones de su país en la construcción de nuevas bases. Al con-trario, precisó, las tropas extranjeras sólo harán uso y moderniza-rán las instalaciones ya existentes en Colombia.

“Brownfield, recuerda la fuente, era embajador en Venezuela en 2002 cuando la conspiración para derrocar al presidente Hugo Chávez.”

Ya en julio de 2007, representantes de organizaciones populares colombianas dieron a conocer que para aquella fecha las fuerzas militares estadounidenses contaban con tres instalaciones en el país.

Se trataba de Tres Esquinas, en el departamento de Caquetá; la de Florencia, igualmente en Caquetá; y la tercera ubicada en la Hacienda Larandia, en el departamento de Meta, en la ciudad de Villavicencio. En esta última radicaban las unidades de aviación que combatían a las guerrilleras Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), y la denominada “inteligencia técnica” del Pen-tágono en Colombia.

Tres Esquinas era hasta entonces la base militar norteamericana más grande en territorio colombiano, erigida entre los límites con Ecuador y Perú, cerca de la amazonía y del Río Putumayo, una cuenca hídrica de alta importancia.

Mientras, la de la Hacienda Larandia posee unas 40 mil hectá-reas, es de las más tecnificadas por los efectivos foráneos, y radica sobre la llanura colombo-venezolana, lo cual le permite controlar todo el sistema montañoso de la cordillera oriental y los llanos adyacentes.

En la actualidad, precisan analistas, Washington mantiene ofi-cialmente alrededor de 600 efectivos y personal militar en Colom-bia. Además, los asesores norteamericanos están incorporados a las divisiones del ejército nacional, tienen sus propias dependen-cias, y han entrenado a miles de oficiales desde el año dos mil a la fecha.

En consecuencia, será difícil para los interlocutores del resto de América Latina escuchar el mensaje de un Alvaro Uribe que justifi-que tamaña desmadre bélico imperial a cuenta del apoyo de su gobierno, un “Israel” de alma, en medio de la tez bronceada de nuestras tierras.

Autor imagen: NO LO SABIAS

GOBIERNO DE FACTO VIOLA DERECHOS HUMANOS EN HONDURAS

Misión internacional de observación sobre la situación de los
derechos humanos en Honduras

Resumen Ejecutivo del Informe Final
17 de agosto de 2009

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Tras del golpe de estado del 28 de junio de 2009 que alteró drásticamente el orden constitucional del país, se presenta en Honduras una grave situación de derechos humanos y de restricciones a las libertades democráticas. Son evidentes las dificultades y obstáculos para el acceso a la justicia y se limita drásticamente la libertad de prensa. En el informe se realiza una descripción de los resultados de la Misión internacional de observación sobre la situación de los derechos humanos que permaneció en Honduras desde el 17 hasta el 26 de julio. Honduras es un país con altos índices de violencia y con antecedentes graves sobre violaciones a los derechos humanos de la población. Sin embargo, la Misión internacional desea aclarar que los hechos que han sido relatados en este informe son violaciones graves y sistemáticas a los derechos humanos cuya ocurrencia se encuentra vinculada al golpe de Estado. Algunas de las violaciones tienen como origen la aplicación de normas abiertamente contrarias a los compromisos internacionales de protección de derechos humanos, la militarización de funciones de seguridad e instituciones estatales, los abusos por parte de fuerzas de seguridad y la falta de respuesta de los mecanismos de garantía del Estado.

Organization of American States (OAS) Secretary-General Jose Miguel Insulza (C) speaks with representatives during his arrival at a hotel in Tegucigalpa August 24, 2009. Insulza is in Honduras for talks on the crisis caused by a coup in June.

Comisión Interamericana de Derechos Humanos Informa  – José Miguel Insulza – Secretario General OEA

Agosto 24 – Tegucigalpa – Conversaciones

Una de las conclusiones fundamentales de la visita consiste en determinar que tanto el Decreto No. 11-2009, que establece  restricciones a una amplia gama de derechos fundamentales incluyendo la libertad personal, la movilidad y otros, así como su aplicación, contrarían las obligaciones internacionales del Estado en la materia. Los vicios identificados en el Decreto 11- 2009 hacen ilegítimas las medidas adoptadas con fundamento en el mismo, como por ejemplo, las más de dos mil detenciones arbitrarias por toque de queda, y las restricciones a la libertad de movilización en las carreteras.

Otro de los hallazgos fundamentales consiste en establecer la desprotección de numerosos afectados por las graves violaciones perpetradas en su contra. Esta situación surge ante la respuesta inadecuada de las instituciones que son responsables de velar por la garantía de los derechos fundamentales de los y las hondureñas. Ello es evidenciado en la manifiesta falta de diligencia de la Fiscalía Especial de Derechos Humanos, así como en la inoperancia de la Corte Suprema para decidir sobre la legalidad del decreto de suspensión de garantías y otros amparos sobre violaciones a derechos fundamentales ocurridas con ocasión del golpe, y la negligencia del Comisionado Nacional de Derechos Humanos para actuar según su mandato.

Hemos constatado serias limitaciones a la libertad de expresión y hostigamientos destinados a restringir la circulación de información que critique al régimen de facto. A su vez, una parte de los medios masivos de comunicación del país tiene una actitud irrespetuosa hacia la pluralidad de ideas. En ocasiones, estos medios han hecho eco de posiciones abiertamente represivas e incitadoras de la violencia contra los partidarios del gobierno depuesto. Constatamos en este sentido una polarización de la sociedad, incitada desde los medios de comunicación favorables a los golpistas, con algunos elementos de propaganda propia de la Guerra Fría y, con énfasis en ligar las movilizaciones sociales al terrorismo internacional o al crimen organizado, al igual que a varios de los miembros del gobierno depuesto.

La Misión concluye que lo que está en juego es mucho más que una simple lucha política para restablecer un orden legal y permitir a un presidente legítimo regresar al poder. Se trata de una conflictividad social no resuelta, de la que forman parte una élite económica que usurpó el poder en forma antidemocrática, aliada con el Ejército, y diversos sectores que reclaman un nuevo orden institucional y social que implicaría mayores espacios de participación ciudadana. Es por eso que la represión se manifiesta en particular contra los líderes campesinos, ambientalistas, indígenas, afrodescendientes, mujeres que se movilizan por sus derechos y, contra los dirigentes sindicales.

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Xiomara Castro, wife of Honduras' ousted president Manuel Zelaya, shakes hands with supporters after meeting with representatives of the Organization of American States (OAS) and Secretary-General Jose Miguel Insulza outside Clarion Hotel in Tegucigalpa, August 24, 2009.

Xiomara Castro, wife of Honduras’ ousted president Manuel Zelaya, shakes hands with supporters after meeting with representatives of the Organization of American States (OAS) and Secretary-General Jose Miguel Insulza outside Clarion Hotel in Tegucigalpa, August 24, 2009.

La Misión constata además que el disfuncionamiento institucional, comienza por la ausencia de controles autónomos de los órganos de poder, la excesiva politización del Poder Judicial, la falta de un fuero mínimo de protección a la máxima autoridad del Estado, la definición de tipos penales ambiguos como la «traición a la patria » o la ausencia de sanción penal ante la deportación de personas hondureñas que está constitucionalmente prohibida; y obliga a cambios  profundos en la estructura del Estado, para asegurar que primen el interés general, el bienestar colectivo, el pleno respeto de los derechos humanos y, la paz social.

Frente al proceso electoral que habría de conducir a la elección de un nuevo presidente en el mes de noviembre, y si se mantienen las condiciones actuales, la Misión considera que el derecho a la participación política está viciado por el golpe de Estado. Por tanto si dicho proceso continúa y se realiza bajo el gobierno de facto, el resultado de dichas elecciones sería igualmente ilegítimo, y no debería ser reconocido por la comunidad internacional, como lo ha establecido la Organización de Estados Americanos (OEA).

Concierto Paz y Justicia HondurasConcierto por Paz y Justicia en Honduras  – Agosto 2009

La Misión ha advertido igualmente durante sus entrevistas con diferentes autoridades del Estado, que se podría estar constituyendo el crimen de persecución política, de competencia de la Corte Penal Internacional, por la represión desatada de manera sistemática contra todos los simpatizantes del gobierno del Presidente depuesto José Manuel Zelaya.

Quisiéramos destacar el papel que han jugado y siguen jugando en esta coyuntura numerosos defensores y defensoras de derechos humanos, quienes a pesar de la adversidad, la falta de
recursos y los riesgos a su integridad y su vida, han levantado su voz para denunciar los abusos,
proteger a las víctimas y defender la institucionalidad democrática.

Finalmente, la Misión muestra su perplejidad por la actitud en apoyo al golpe de Estado mantenida por la alta jerarquía católica hondureña y representantes de algunas iglesias evangélicas, y su implicación activa en la organización de las movilizaciones de respaldo a éste convocadas por el régimen de facto.

Supporters of Honduras' ousted President Manuel Zelaya wave during a concert against the June 28 coup in Tegucigalpa, August 23, 2009. The poster reads, "Leader of leaders. Who's afraid?".

Gente Escucha, Espera y Calcula – Honduras,  Agosto 2009 AFP/Getty

RECOMENDACIONES

I. A la comunidad internacional de Estados

1- Implementar todas las medidas necesarias para contribuir a garantizar el goce y disfrute
de los derechos humanos de la población hondureña;

2- Mantener una posición firme de condena al golpe de Estado, exigiendo la restitución
del Presidente Zelaya y el restablecimiento del orden constitucional;

3- Mantener la suspensión de las relaciones diplomáticas con el régimen de facto, así
como de cualquier apoyo económico o financiero dirigido a las instituciones del Estado
involucradas en el golpe;

4- Desconocer los resultados de elecciones convocadas por el gobierno de facto, tal y
como fue expresado por el Secretario General de la Organización de Estados
Americanos, así como desconocer cualquier decisión adoptada por dicho gobierno.

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Sobre las relaciones bilaterales con Honduras

5- Las embajadas presentes en el país deben continuar y reforzar las medidas apropiadas para contribuir a la protección de los defensores y defensoras de derechos humanos y activistas de la sociedad civil, entre otras, mediante: o Visitas a las oficinas de personas y organizaciones en riesgo o Invitaciones e intercambios constantes con las mismas o Apoyo logístico que sea pertinente para su seguridad o Implementación de un sistema de alerta y emergencia de acceso inmediato para
personas en riesgo o Abrir conjuntamente con ONG internacionales un apoyo adicional para la sociedad civil hondureña, para reforzar su capacidad de proteger y monitorear DDHH. En particular, es necesario aumentar los recursos humanos y financieros que atiendan las necesidades en el interior del país.

6- La cooperación internacional debe mantener la suspensión de apoyo presupuestario y de programas a instituciones del Estado involucradas en el golpe, manteniendo la ayuda humanitaria, la cooperación con los municipios y con las organizaciones de la sociedad civil hondureña.

7- Los Estados deben tomar medidas contra los principales responsables del golpe, sean civiles, militares o religiosos, tales como la restricción de otorgar visas, prohibirle la entrada a terceros países y el congelamiento de sus cuentas bancarias en el exterior.

Sobre las relaciones entre Unión Europea y Honduras

8-  Deben aplicarse las medidas siguientes: o La cláusula democrática contemplada en el art. 1 del Acuerdo Marco de Cooperación entre la Unión Europa y Centroamérica del 1993, que faculta la suspensión de la cooperación en caso de grave quebrantamiento del orden constitucional. o Abstención de relaciones diplomáticas a nivel de viceministros del gobierno ilegítimo, como también con los representantes diplomáticos hondureños en la Unión Europea que apoyan al gobierno de facto. Definir su expulsión inmediata de territorio europeo. o Suspensión, más allá del apoyo presupuestario, de todos los programas dirigidos a solventar las instituciones del Estado que han estado involucradas en el golpe. o Mantener la decisión de suspender las negociaciones del Acuerdo de Asociación entre la UE y América Central hasta que se restituya el orden constitucional en Honduras. o Suspensión de Honduras del Sistema General de Preferencias (SGP plus) de la Unión Europea, en aplicación de las 27 convenciones de derechos humanos, medio ambiente y gobernabilidad democrática que deben cumplir aquellos Estados que quieren acceder con sus productos libres de aranceles al territorio europeo. o Contribuir a la implementación de las líneas directrices de la Unión Europea para la protección de defensores de derechos humanos.

II.  A los órganos y organismos internacionales

9- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos debe continuar monitoreando la situación de los derechos humanos en Honduras y emitiendo recomendaciones para proteger a la población, en este sentido urgen las siguientes acciones: o Seguir otorgando medidas cautelares para proteger a las personas en riesgo o Realizar a la brevedad la visita in situ al país y emitir un informe con las recomendaciones que estime convenientes.

10- El Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas debe pronunciarse en contra del golpe de Estado en Honduras, respaldar las medidas tomadas por la OEA y, adicionalmente debe tomar las medidas indispensables que contribuyan al restablecimiento del orden constitucional como podría ser ordenar sanciones económicas y, establecer un plazo perentorio para que se restablezcan en sus cargos a las autoridades democráticamente elegidas.

11- El sistema de protección de Derechos Humanos de la ONU debe activar los mecanismos apropiados para abordar la situación de derechos humanos en Honduras, en particular considerar la pertinencia de o  Adoptar una resolución a nivel del Consejo de Derechos Humanos; o  Establecer una oficina permanente del Alto Comisionado de Derechos Humanos en Honduras; o  Realizar visitas de verificación de las relatorías especiales competentes en materia de libertad de expresión, defensores y defensoras de derechos humanos e independencia de los jueces y abogados, así como del Grupo de Trabajo de
Detenciones Arbitrarias, del Relator sobre ejecuciones extrajudiciales y del Sub Comité contra la Tortura.

12- La Corte Penal Internacional debe actuar preventivamente. Por ello solicitamos al Fiscal General de la Corte Penal Internacional iniciar las posibles diligencias conducentes a una  investigación penal conforme a la disposición del art. 7, numeral h) del Estatuto de Roma que contempla la competencia para conocer el crimen de persecución política.

III. A las autoridades y sociedad civil hondureña

13-A la Fiscalía Especial de Derechos Humanos actuar con mayor diligencia en la defensa de los derechos humanos de la población hondureña y, demandar cooperación de emergencia de la comunidad internacional para poder desarrollar con mayor eficacia su labor.

14-Ramón Custodio, Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, debe renunciar, o bien, el Congreso debe destituirlo y nombrar una persona que no haya estado comprometida con el golpe de Estado y, que goce de reconocimiento en la defensa de los derechos humanos.

15- Las autoridades judiciales competentes deben declarar inconstitucional el Decreto No. 11-2009.

16- A las autoridades que deben investigar penal y disciplinariamente las violaciones a los derechos humanos cometidas o auspiciadas por el gobierno de facto, que cumplan con su deber constitucional y legal, so pena que ellas mismas tengan que responder por denegación de justicia.

17- A las fuerzas sociales hondureñas que se oponen al golpe de Estado y, al PresidenteJosé Manuel Zelaya, para que la resistencia continúe siendo en forma pacífica.

18- A los miembros de las Fuerzas Armadas y Policiales de Honduras para que cumplan con su deber de defender el orden constitucional; tengan claro que tienen un  derecho de no obedecer órdenes que comporten una violación de los derechos humanos; y que tienen una responsabilidad personal por las consecuencias del uso indiscriminado y/o abusivo de la fuerza.

19- A las fuerzas políticas y a la sociedad civil en general, para que se convoque un diálogo nacional que contribuya a un nuevo orden institucional, económico y social que asegure la paz social, el Estado Social de Derecho y el pleno e integral respeto de los derechos humanos.

Las personas que conformaron la misión lo hicieron en representación de las siguientes organizaciones y redes de derechos humanos: Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), Iniciativa de Copenhague para Centroamérica y México (CIFCA), FIAN Internacional, Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo (PIDHDD), Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES-Colombia), Suedwind-Austria, Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana José Simeon Cañas (IDHUCA-El Salvador), Asociación Pro Derechos Humanos de Perú (APRODEH), Instituto de Estudios Políticos sobreAmérica Latina y África (IEPALA-España), Federación de Asociaciones de defensa y promoción de los Derechos Humanos (España), Coordinadora Nacional de Derechos Humanos de Perú, Servicio Paz y Justicia (SERPAJ-Uruguay), Solidaridad Mundial (Bélgica), IBIS (Dinamarca), Alianza Social Continental, Enlazando Alternativas, y Centro de Estudios Tricontinental (Louvaina – La Nueva).

LAS VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS EN NÚMEROS

Derechos violados (Convención Americanasobre Derechos Humanos)
Cantidad de víctimas según denuncias recibidas por la Misión
Derecho a la vida (articulo 4): muertes* 8 personas
Derecho a la integridad personal ** (artículo 5): agresiones, malos tratos, entre otros 136 personas

Situacion de las 600 familias de la comunidad de Guadalupe Carney.Derecho a la libertad personal (artículo 7): detenciones arbitrarias 6 personas acusadas por sesión .«Más de 100 extranjeros afectados»

Más de dos mil detenciones arbitrarias por toque de queda, y participar en marchas contra el golpe de Estado.Derecho a la libertad de expresión:  situación periodistas y otros  12 periodistas 8 Medios de comunicación

* Violación al derecho a la vida corresponde únicamente a las personas muertas.
** Los casos de amenazas de muerte están registrados como violación al derecho a la integridad personal.

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el que peca y reza empata, el que reza y peca pierde…..piensa y veras

~ by lofredo on August 14, 2009.

One Response to “UNASUR y la Democracia Póstuma”

  1. […] UNASUR y la Democracia Póstuma […]

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