Del Rapto a la Pesca Milagrosa

Pesca Milagrosa

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DEL RAPTO A LA PESCA MILAGROSA
BREVE HISTORIA DEL SECUESTRO EN COLOMBIA

MAURICIO RUBIO *

Resumen

El objetivo principal de este trabajo es contribuir a explicar por qué las tasas de
secuestro han sido tan altas en Colombia. Con este breve recuento histórico,
más que una cronología detallada de acontecimientos, se busca detectar
elementos que ayuden a responder esta pregunta básica. El trabajo está
dividido en cinco secciones. En la primera se señalan dos raíces del fenómeno,
una rural, doméstica, y otra urbana e importada. En la segunda se analizan las
complejas interrelaciones con el tráfico de drogas, indispensables para
entender el boom en la actividad a partir de los años ochenta. En la tercera se
discute la última fase de la actividad, la de los secuestros masivos e
indiscriminados. La cuarta sección está centrada en la discusión de si es válida
la apreciación de que el secuestro es un negocio más y se presentan dos
argumentos en contra: la batalla contra la extradición librada por los
narcotraficantes a base de rehenes y las relaciones entre el secuestro y los
sucesivos procesos de paz. En la quinta sección se presentan algunas
conclusiones dentro de las cuales se destaca la evidente internacionalización
de la actividad.

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CEDE  — DICIEMBRE DE 2003

1 – LAS RAICES: BANDOLEROS Y MONTONEROS

La lectura del relato del rapto de la niña Elisa Eder 1, ocurrido en el año 1933 y

uno de los primeros casos que se puede documentar para Colombia, muestra

cuánto han cambiado en Colombia las circunstancias alrededor del secuestro.

Llama la atención en primer lugar, que se habla de rapto, incluso de kidnapping

2

, pero no se utiliza el término secuestro, conducta que aún no estaba tipificada

en el ordenamiento penal colombiano 3. Dos, los pormenores del incidente,

cuya duración fue muy corta, se hicieron públicos 4. Tres, el rapto de Elisa Eder

tuvo características similares al del hijo de Charles Lindbergh, ocurrido en

Estados Unidos en mayo de 1932 5. Por último, la petición de castigo para los

raptores en los medios de comunicación fue particularmente drástica 6.

En los años sesenta se presentaron, también en Cali, una serie de misteriosos

raptos de menores 7. Aunque de casos como los anteriores se podría inferir

que fue de esta temprana vocación por el rapto con fines económicos que se

evolucionó hacia la situación actual es más razonable pensar que lo que hoy se

conoce como la industria del secuestro en Colombia tuvo dos raíces, una rural

y otra urbana. Para la primera, hay evidencia de que fue una práctica a la que

recurrieron algunos bandoleros tardíos después de La Violencia de los años

cincuenta. Por otra parte, es claro que el secuestro de extranjeros –

diplomáticos y ejecutivos de multinacionales- lo iniciaron a gran escala los

grupos guerrilleros urbanos, en particular los argentinos, y que esa práctica fue

importada al país para luego dar paso a la consolidación de la actividad con

víctimas nacionales, cada vez con menos recursos pero más numerosas.

Un elemento recurrente en la literatura colombiana sobre el conflicto es el de

destacar los vínculos entre la situación actual y la llamada época de La

Violencia

8

. Esta apreciación, sin embargo, no parece del todo aplicable al

secuestro 9, uno de los íconos del conflicto colombiano reciente. En efecto, a

pesar del alto grado de criminalización al que llegaron las partes enfrentadas

durante La Violencia, no es fácil documentar para ese período incidentes de

secuestro, conducta que sólo aparece en las postrimerías, y concentrada en la

zona cafetera 10. A principios de los años sesenta el número de secuestros per cápita era mucho mayor en los departamentos cafeteros que en el resto del

país y ya se calificaba esta conducta como una secuela del bandolerismo 11. A

diferencia del caso de Elisa Eder, ya no se trataba de delincuentes en busca de

lucro individual sino que se daba cierto grado de confusión con las acciones

políticas de bandas armadas que, hasta entonces, habían vivido de cuotas o

contribuciones.

En el año de 1965 tuvo lugar un caso bastante sonado. El industrial

vallecaucano y ex-ministro Harold Eder –padre de la niña raptada en 1933- fue

secuestrado en su finca. La palabra secuestro ya hacía parte de la terminología

de los medios de comunicación, se percibía el incidente como un atentado a la

seguridad nacional 12 y la respuesta de las autoridades no fue policial sino

militar 13. La dimensión política de este incidente se confirmó con la atribución

de responsabilidad al grupo comandado por Manuel Marulanda Vélez, alias

Tirofijo, del cual surgirían un año más tarde las Fuerzas Armadas

Revolucionarias de Colombia (FARC) 14. Así, aparecía de manera clara la

finalidad del secuestro como método de financiación de la lucha subversiva 15,

una práctica que no tardaría en consolidarse 16.

Durante los años sesenta aún los casos de ciudadanos anónimos llegaban a

ser noticia. Ya entonces parecía común la práctica de utilizar el secuestro como

amenaza para quienes no pagaran las extorsiones 17. Aunque las estadísticas

disponibles no lo alcanzan a captar, el periódico El Tiempo informó en varias

ocasiones, a mediados de la década, que el delito iba en aumento, incluso

hasta el punto de describirlo como una industria en crecimiento 18 que ya

producía una psicosis de secuestro 19.

La vinculación de Tirofijo, líder de las FARC, con un temprano y notorio

incidente 20, el hecho que ya desde la conferencia constitutiva del grupo en

1966 se creara una comisión financiera nacional y se aprobara recurrir a “otras

fuentes de financiación” diferentes de la ayuda económica de las masas 21; la

circunstancia –probablemente coincidencial- de que cuatro de los seis

destacamentos guerrilleros que se organizaron en esa conferencia se

concentraran en el Quindío 22, precisamente la zona en dónde se reportan para

el país los incidentes más tempranos de secuestro rural; la escasez de

testimonios sobre discusiones internas acerca de la conveniencia de entrar o

no en esa actividad y alguna evidencia dispersa sobre antecedentes de los

secuestros masivos 23, sugieren que las FARC practicaron el secuestro desde

sus inicios 24. Por las características de las víctimas –agricultores y ganaderos-

la delimitación entre el secuestro, la extorsión, y las contribuciones voluntarias

era difusa.  Para el Ejército de Liberación Nacional (ELN), por el contrario, sí se

habrían presentado reticencias iniciales para financiarse de esa manera 25. La

práctica se habría adoptado solamente al venir legitimada por otros grupos

desde el exterior, a finales de los años sesenta 26. El Movimiento 19 de Abril

(M-19), por su parte, que según algunos testimonios financió la peculiar

campaña publicitaria con que se lanzó a la vida pública con el producto de un

plagio 27 y fue el más activo importador de las técnicas de secuestro urbano, no

se destacó posteriormente por la práctica de la actividad a gran escala.

Antes de consolidarse en Colombia, el secuestro en América Latina pasó por

tres fases distintas 28. Se observa en primer lugar una época caracterizada por

el desvío de aviones, siendo Cuba el centro de atracción de dicha actividad. Tal

variante, impulsada por los rebeldes antes de derrocar a Batista 29 fue

adoptada luego por los anti-castristas que deseaban salir de la isla 30 y luego

imitada por varios grupos insurgentes latinoamericanos 31, incluyendo al ELN

colombiano 32. Vino, en una segunda fase, una serie de incidentes con

reivindicaciones exclusivamente políticas, inicialmente sobre víctimas

diplomáticas, y cuyos autores fueron siempre grupos insurgentes. Aunque hubo

episodios de este tipo en varios países, el epicentro de la nueva fase se

trasladó a Guatemala 33, al Brasil 34 y, posteriormente, al Uruguay 35. Fue en

este último país en dónde el grupo subversivo de los Tupamaros consolidó dos

cambios importantes en la práctica del secuestro. El agotamiento del acervo de

diplomáticos condujo a la inclusión de funcionarios, ciudadanos e industriales

locales 36 entre las víctimas. Por otro lado se hizo común la práctica de exigir

rescates monetarios para los secuestros urbanos 37.

La nueva variante económica, que caracteriza la tercera fase del secuestro en

América Latina, se extendería rápidamente por la región, frecuentemente

mezclada con reivindicaciones políticas 38. En la primera mitad de los setenta el

secuestro económico, dirigido básicamente contra ejecutivos de compañías

multinacionales, se concentró en la Argentina, con resultados financieros

asombrosos. En el año de 1972, por ejemplo, el Ejército Revolucionario

Popular (ERP) obtuvo U$ 1.5 Millones (U$ 6 millones de 2002) con tan sólo dos

secuestros  39. Para el año siguiente, el mismo ERP lograba, con nueve

secuestros, ingresos por un monto superior a los U$ 30 millones (U$ 123

millones de 2002) y en dos de ellos 40 se superaba la barrera de los U$ 10

millones por rehén. Además, se ampliaba el abanico de secuestradores 41. La

rápida carrera alcista de los rescates alcanzaría su máximo en 1974 cuando los

Montoneros obtuvieron por una sola acción U$ 60 millones (U$ 219 millones de

2002) 42.

Aunque nunca se alcanzaron los niveles de rescates obtenidos por el ERP o

los Montoneros en Argentina, las sumas recaudadas por las FARC, el ELN y,

sobre todo, el recién creado M-19 se convirtieron en un importante medio para

financiar y consolidar esas organizaciones armadas 49.

Con el secuestro de Hugo Ferreira, ex-ministro de Agricultura, llevado a cabo

por el M-19 en Agosto de 1977, se empezó a hablar en los medios de

comunicación del país de una alta especialización y de una nueva tecnología

para la ejecución de los secuestros 50. La sofisticación y espectacularidad de

estas acciones urbanas quedaría confirmada con el robo de los fusiles de la

Escuela de Infantería y la toma de la embajada de República Dominicana por

parte del mismo grupo. Parece claro que el M-19, adoptó técnicas y

procedimientos similares a los de los grupos uruguayos y argentinos 51, y en

particular de los Montoneros 52 . En materia de secuestro, el M-19 habría

introducido innovaciones importantes, como la estricta división de las tareas

para la ejecución de los plagios 53.

A pesar de que este tipo de incidentes, de grupos subversivos contra

extranjeros, eran los que recibían mayor cubrimiento en los medios es

conveniente señalar que (i) no todos los secuestros millonarios de la época se

atribuyeron a grupos guerrilleros 54, (ii) dichos grupos no abandonaron las

acciones, y aún los secuestros, puramente políticos 55, (iii) no todos los

incidentes terminaban con el pago de un rescate 56 y (iv) los secuestros de

ciudadanos corrientes se publicaban y aún provocaban, individualmente,

reacciones editoriales de rechazo 57.

2 – EL BOOM A PARTIR DE LOS OCHENTA

La década de los ochenta se abre con la espectacular toma, por parte del M-

19, de la embajada de la República Dominicana en Bogotá el 27 de Febrero de

1980. Entre los numerosos rehenes se encuentran catorce embajadores. Los

larga negociación y el pago de un rescate monetario considerable 58, el 27 de

abril el comando se dirige hacia Cuba llevando como garantía a doce de los

rehenes que sólo serán liberados en la Habana.

Durante la primera mitad de esa década empieza a generalizarse la práctica

del secuestro en Colombia y se inicia una marcada tendencia creciente que,

con la excepción del período 93-94, se extiende hasta finales de siglo (Gráfica

1). Los comentarios de prensa señalaban ya a Colombia como el líder mundial

en materia de secuestro y, por otro lado, como una sociedad que había perdido

capacidad de reacción y se acostumbraba a convivir con esta situación 59. Son

básicamente dos las circunstancias que se pueden asociar con este

incremento: la decisión de los distintos grupos subversivos de orientar la lucha

hacia las ciudades y el tráfico de droga.

2.1 – La urbanización del conflicto

Son claros el liderazgo y la influencia que debió ejercer el M-19 sobre las

demás guerrillas colombianas. A raíz de la toma de la embajada de la

República Dominicana, y aún cuando buena parte de sus cuadros directivos se

encontraban detenidos, el M-19 aparecía como el grupo rebelde digno de ser

imitado en Colombia. Con unos pocos golpes muy certeros no sólo había

logrado acumular recursos económicos considerables sino que había

demostrado capacidad para dialogar en sus términos con el gobierno

colombiano y había obtenido una difusión, un cubrimiento mediático y una

publicidad difíciles de imaginar para cualquiera de las demás agrupaciones

subversivas 60. En términos escuetos, las guerrillas rurales y dogmáticas

querrían también, a partir de ese momento, transitar el exitoso sendero trazado

por los subversivos urbanos, más imaginativos y pragmáticos. Un buen ejemplo

vale más que mil teorías. No parece simple casualidad que varios grupos

subversivos colombianos manifestaran por aquella época de gloria del M-19 su

intención de adoptar dos cambios cruciales: orientar su lucha hacia las

ciudades y abandonar los rígidos esquemas ideológicos que habían guiado sus

acciones hasta entonces.

El Ejército Popular de Liberación (EPL), que se había constituido en 1967 como

brazo armado del partido comunista y, siguiendo la experiencia china, buscaba

ante todo hacer presencia en las zonas rurales para lograr el apoyo campesino,

cuestiona definitivamente esta orientación en el mismo momento que el M-19

está ocupando la embajada 61. Para las FARC, distintos analistas coinciden en

señalar como un punto de quiebre estratégico la VII conferencia, que se realiza

en Mayo de 1982. En lo político, esa reunión marca el rompimiento con el

partido comunista y sus rígidos esquemas 62. En lo militar, se identifican las

ciudades –y en particular a Bogotá, centro del eje de despliegue por la

cordillera oriental 63- como el objetivo primordial de las acciones: se decide

urbanizar el conflicto

64

.

Por aquella época el ELN atravesaba una profunda crisis originada en una

aparatosa derrota militar en Anorí en 1973 65 y agravada por el llamado

febrerazo de 1977, cuando casi la totalidad de sus cuadros urbanos fueron

detenidos en Bogotá 66. El M-19 juega un papel definitivo en el devenir de este

grupo. No sólo porque  incorpora en sus filas a varios ex elenos sino porque

alcanza a financiar lo que queda del grupo 67. Además, unos años después,

haría parecer irrelevante como amenaza  el surgimiento y consolidación del

frente Domingo Laín en la región del Sarare que sería precisamente lo que

permitiría al ELN renacer de sus cenizas para encontrar la jugosa veta

asociada a los recursos petroleros 68.

Los dilemas que enfrentaban por aquella época los grupos guerrilleros de

origen campesino para tener acceso a los recursos urbanos habían sido

sufridos en carne propia por el ELN. La experiencia de Anorí dejaba claro que

hacer caer todo el peso financiero de la guerra revolucionaria sobre la

población lugareña podía poner en juego la supervivencia de un grupo.

Además que la cantera de ganaderos o agricultores acomodados se agotaba

rápidamente. Por otra parte, el febrerazo hizo evidente que las operaciones

subversivas en la ciudad requieren una tecnología y una estructura organizativa

peculiares, distintas a las de los grupos armados móviles en el campo 69.  En

particular, la necesidad de mimetizarse y pasar desapercibido, esencial para

sobrevivir en el medio urbano, era particularmente difícil de asumir para

combatientes rurales, en uniforme, permanente y visiblemente armados 70. El

entrenamiento que recibe, y las aptitudes que debe desarrollar un guerrillero

rural, militares en esencia, tienen dimensiones casi antagónicas a las de su

contraparte citadina 71.

La intención explícita de los distintos grupos subversivos de mirar hacia las

ciudades no implicó el abandono del secuestro rural que, aunque

progresivamente fue perdiendo importancia relativa 72, siguió aumentando en

términos absolutos. En algunas regiones el asedio a los propietarios rurales fue

tan severo que tuvo consecuencias definitivas en dos fenómenos cruciales para

la evolución del conflicto: la venta y concentración de tierras en manos de

narcotraficantes y la conformación de grupos paramilitares 73.

Paradójicamente, la toma de la Embajada marcó para el M-19 el inicio de una

nueva etapa: prácticamente se abandonaba la estructura urbana, bastante

menguada, y se orientaban las acciones militares hacia el campo 74. La

transición que, por esa época, estaba dando el M-19 en franca contra vía a la

de los demás grupos refleja la otra cara de la moneda de lo que se podría

denominar el dilema del guerrero: es más fácil y seguro operar en las áreas

rurales 75 pero, simultáneamente, es allí dónde son más escasos los recursos

para financiar la lucha. Así, mientras las guerrillas rurales miraban hacia las

ciudades impresionadas por el éxito de la subversión urbana, esta última se

refugiaba en el campo. Ambas veían su cambio de estrategia como “el

desarrollo lógico de la lucha de clases del país”  76.

La manera como el ELN enfrentó este dilema fue orientando su acción hacia la

economía petrolera: por medio de la extorsión directa a las empresas

constructoras del oleoducto de Caño Limón desde mediados de los años

ochenta y, por otra parte, con el llamado clientelismo armado, o sea la

asignación mediante amenazas de recursos fiscales, en particular regalías

petroleras, una práctica también utilizada por uno de los frentes de las FARC.

Una segunda alternativa adoptada por la guerrilla para no arriesgar a sus

efectivos en acciones citadinas fue la subcontratación de los plagios con la

delincuencia urbana. La tercera opción para resolver el dilema financiero de los

grupos subversivos de origen rural la facilitó en Colombia otro de los

fenómenos característicos de la década de los ochenta, el narcotráfico. La

manera como el M-19 solucionaría su problema financiero sigue siendo

misteriosa 77.

2.2 – El impacto de la droga

La relación que se ha dado en Colombia entre el secuestro y las narco

actividades ha sido variada y compleja. Los vínculos van desde los obvios y

directos –narcotraficantes que secuestran, o viceversa- hasta los indirectos y

sutiles. Dentro de estos últimos vale la pena señalar que las drogas facilitaron

en Colombia el reemplazo de la cantera de víctimas extranjeras con rescates

gigantescos –lo típico de los años setenta- por un número mucho mayor de

víctimas locales que pagaban una suma sustancialmente menor por cada

liberación 78. La dinámica, aunque indirecta, es relativamente simple.

La vocación casi innata de los grandes traficantes colombianos por adquirir

propiedades tuvo como consecuencia un marcado incremento de los precios de

la tierra. Esta tendencia no tardaría en convertirse en motor de la especulación

en propiedad raíz. En esencia, se pensaba que para cualquier precio que se

fijara por una hectárea habría un comprador al contado. Una consecuencia de

lo anterior fue el desplazamiento de pequeños propietarios campesinos –que

tentados por precios de fábula vendían sus terrenos- y su reemplazo por clases

urbanas acomodadas atraídas por la sostenida valorización y que,

complementariamente, buscaban un sitio para descansar e incluso ejercer al

margen algunas actividades agropecuarias.  Así, el burgués urbano propietario

de una finca de recreo, o el ganadero de fin de semana, se convirtieron en la

típica víctima del secuestro a partir de los años ochenta. Desde el punto de

vista de las guerrillas rurales, es difícil concebir unas presas potenciales más

adecuadas para el propósito de financiar la lucha revolucionaria: en

condiciones precarias de seguridad, los representantes de la burguesía urbana

se acercaban 79 a las zonas rurales dónde los grupos subversivos se movían

con gran facilidad, y dónde tenían todas las intenciones de permanecer 80.

Desde la perspectiva local, se trataba siempre de foráneos, sin mayores raíces

o redes de apoyo, con muestras de riqueza superflua y conspicua 81. De esta

manera se replicaba a nivel regional, en los pueblos y veredas, el escenario

típico de la fase anterior del secuestro: el diplomático o ejecutivo de

multinacional extranjera. Como si lo anterior fuera poco, la consolidación de los

grupos subversivos en las áreas rurales aledañas a las grandes urbes facilitaba

el objetivo estratégico de “abrir corredores” hacia la ciudad. La falta de

vinculación de estas nuevas víctimas con la estructura económica local, ayudan

a explicar por qué los grupos subversivos optaron por la modalidad predatoria –

el secuestro- en lugar de la más cómoda y continua de la extorsión o boleteo 82.

El segundo vínculo con la droga es el impulso definitivo que dieron los

narcotraficantes a los grupos paramilitares como mecanismo de protección

privada contra el secuestro. El caso más emblemático es la constitución del

grupo Muerte a Secuestradores (MAS) por parte de los principales barones de

la droga como respuesta al secuestro de Marta Nieves, la hermana de los

Ochoa a finales de 1981, “un evento que puede parecer episódico pero que

marcó una tendencia determinante en el escalamiento del paramilitarismo” 83.

Este incidente, que alcanzó a tener la dimensión de una verdadera guerra 84,

terminaría con un acuerdo de paz 85. La virulencia de la respuesta de los

narcos a este plagio se explica porque, para unos, se trataba del rompimiento

de un pacto previo de no agresión 86 y porque otros ya habían sido víctimas de

tentativas de secuestro por parte de la guerrilla 87. La creación del MAS es

significativa no sólo por la magnitud de los recursos invertidos en esa empresa

sino porque actuó como un catalizador para que un número importante de

capos que no se conocían  intercambiaran experiencias –sobre zonas de

operación en Colombia, rutas y mercados, debilidades de las autoridades,

implicaciones del tratado de extradición- 88 y actuaran motivados por un

objetivo común ante el cual se adoptaba el principio del todo vale para

enfrentar a los secuestradores 89. Es claro que este contundente grupo sirvió de

ejemplo a las bandas armadas paramilitares que después se formarían en el

país bajo la premisa de que para ser eficaz, la guerra no puede ser sino sucia

90

. Como dato curioso se puede señalar que, con la conformación de este

grupo, se anticipó la parte esencial del discurso que sólo una década y media

más tarde adoptarían la élite y la tecnocracia colombianas: los efectos

perversos de la violencia sobre la economía 91.

A pesar de tratarse del caso más notorio, esta alianza entre grandes capos

para defenderse de los secuestradores no había sido la primera 92, ni el

descomunal operativo del MAS para liberar a Marta Ochoa sería el último como

reacción de los narcos ante un secuestro 93. Un efecto paralelo e indirecto entre

el secuestro, el mercado de tierras, el paramilitarismo y la droga fue que el

primero también contribuyó a la concentración de la propiedad rural en manos

de narcotraficantes. Por tratarse de uno de los pocos colectivos con recursos

militares suficiente para protegerse privadamente de la extorsión y el secuestro,

pudieron hacerse con facilidad a las fincas y haciendas que se vendían por

razones de seguridad 94.

El tercer punto de encuentro con la droga lo constituyen los indicios de que

varios de los más importantes narcotraficantes colombianos estuvieron, desde

los inicios de sus carreras criminales, vinculados con secuestros notorios. Por

ejemplo, el 6 de Octubre de 1969, un comando armado ataca el vehículo de

Enrique Straessle,  cónsul de Suiza en Cali, lo hiere y secuestra a su hijo junto

con un funcionario de la embajada suiza. Después de setenta días de

cautiverio, y el pago de un rescate de U$ 300 mil (millón y medio de U$ de

2002), los dos rehenes son liberados por quienes se ufanaban de ser  diestros

secuestradores 95. Aunque el secuestro fue inicialmente atribuido a las FARC96,

Gilberto Rodríguez Orejuela, líder del futuro Cartel de Cali, estaría luego

sindicado de dirigir a los responsables de este secuestro 97, cuya finalidad, no

habría sido puramente económica 98. De esa banda hacían parte su hermano

Miguel y José Santacruz 99. Por otra parte, el apodo de Doctor con que se

conocía en algunos círculos a Pablo Escobar provendría del plagio de don

Diego Echavarría, industrial y filántropo antioqueño, ocurrido en agosto de

1971100.

Cuatro, los narcotraficantes han recurrido al secuestro con los más variados

fines: con objetivos puramente políticos, como se muestra en detalle más

adelante; como sustituto del comercio de droga en períodos de iliquidez; para

financiar sus guerras contra el Estado o como un mecanismo corriente para

cobrar deudas. El caso más digno de mención es el de Pablo Escobar, una de

cuyas especialidades fue precisamente el plagio. Su capacidad para tomar

rehenes, esconderlos de las autoridades o de terceras partes interesadas y

cobrar por su liberación fue un elemento central de su poder 101. Llegó a ser no

sólo el secuestrador más importante de Medellín sino, cínicamente, una de las

instancias a las que recurrían las víctimas para ayudarles a negociar y

solucionar algún plagio específico 102. Logró además, con secuestros, aumentar

la rentabilidad de algunos homicidios por encargo 103. Escobar habría estado

detrás de varios secuestros y asesinatos de narcotraficantes importantes 104.

Un detalle que llama la atención de la desaforada manía de Pablo Escobar por

tomar rehenes con casi cualquier pretexto es la falta de referencias a lo que se

puede considerar la forma más antigua del secuestro, el rapto de mujeres con

objetivos sexuales. Al respecto, no sólo es difícil encontrar testimonios del

Patrón raptando y violando divas sino que, por el contrario, abundan las

referencias a su apego al ritual de los premios, los regalos y los pagos

monetarios a cambio de los favores sexuales 105. No es fácil entender por qué

una personalidad tan arbitraria y déspota mantuviera cierto recato, e incluso

buenas maneras, a la hora de satisfacer su apetito sexual 106.

Como última asociación entre la droga y el secuestro, se debe mencionar el

efecto corruptor de la primera sobre los organismos de seguridad y el aparato

de justicia. Este deterioro institucional acabaría afectando tanto la respuestajudicial al secuestro, como la participación directa de algunos de sus miembros

en la actividad 107, como los métodos de guerra sucia para enfrentarlo.

3 – LA PESCA MILAGROSA

3.1 – Pobres secuestros

Cuando la segunda cantera de víctimas potenciales empieza a mostrar

síntomas de agotamiento 108 aparece la aparente popularización de las víctimas

que, se puede decir, caracteriza la última fase del secuestro en Colombia. El

explosivo incremento que se observa en las tasas a partir de 1997 y hasta el

2000 se dio en forma paralela con el reporte más frecuente de plagios en los

que las víctimas pertenecen a los grupos más vulnerables, como los niños o los

ancianos 109, o son claramente personas de muy bajos recursos 110. También

durante este período se suman los grupos paramilitares al conjunto de actores

armados que recurren al plagio para financiarse.

Vale la pena en este punto hacer un paréntesis para señalar la débil

participación de los paramilitares en el total de secuestros 111, algo que se

puede explicar de varias maneras, no excluyentes. Uno, su menor tradición,

centralización y homogeneidad como organizaciones armadas. Dos,

relacionado con el anterior, la virtual imposibilidad de discernir un secuestro

realizado por paramilitares de otro por la denominada delincuencia común 112.

Tres, se trata de grupos que prácticamente nacen de la extorsión, algo que se

puede considerar una etapa posterior de la actividad. Cuatro, la falta de una

ideología que legitime el secuestro, sobre todo entre los grupos que en

principio se crean para combatirlo.

La última etapa de la actividad se asocia con la proliferación de los secuestros

masivos e indiscriminados, las mal llamadas pescas milagrosas. Esta

modalidad es indispensable para entender tanto el nivel explosivo de las tasas

hasta el 2000 como la igualmente espectacular caída que se observó después

113

. Aunque existen indicios dispersos de secuestros múltiples por parte de la

guerrilla desde mediados de los años sesenta 114 sólo a final de los noventa se

Es difícil saber quien acuñó el término pesca milagrosa, pero sí es posible

determinar cuando: a finales de Marzo de 1998, a raíz de dos retenes con

secuestros masivos realizados en un mismo fin de semana por las FARC y el

ELN 115. A pesar de que, desde varios años antes, la guerrilla ya realizaba

retenes con secuestros múltiples en las carreteras 116, y que ya se utilizaba el

apelativo de pescado para las víctimas en cautiverio 117, ese año se hizo el

lanzamiento oficial  tanto del nombre 118 como de la práctica, con un número

importante de casos para respaldarla como novedosa modalidad. El inofensivo

apelativo fue rápidamente asimilado por los medios de comunicación: al final de

ese año ya se decía, al referirse a una persona secuestrada, que había sido

pescada

119

; sin mayores objeciones se acepta luego como un colombianismo

más 120, para el cual incluso se ofrece una curiosa etimología 121.

En forma independiente de su autoría intelectual, lo cierto es que el término ha

venido cumpliendo una función, y es la de tratar de corroer los reparos morales

ante la conducta. Para los grupos guerrilleros formados ideológicamente ha

sido deseable, al agotarse el filón de víctimas que fácilmente entraban en la

categoría de enemigos –o por lo menos foráneos- eliminar del todo cualquier

connotación negativa en la denominación de la captura de civiles como

rehenes. Un término baladí -referido a un juego de niños o a un pasaje bíblico-

en el cual la suerte o el destino aparecen como elementos determinantes

contribuye a este propósito: es válido secuestrar o capturar a un enemigo, se

puede retener para cobrarle un impuesto revolucionario a un burgués de la

ciudad, pero ninguno de esos términos es fácilmente aplicable cuando se trata

de trabajadores, o de personas del mismo origen campesino del agresor. Un

guión complementario, que también se hizo usual para justificar las pescas, ha

sido el de ver en cualquier obrero, campesino o turista un agente infiltrado del

enemigo 122.

Por otra parte, con la denominada pesca milagrosa se empieza a derrumbar no

sólo la imagen romántica de los rebeldes sino la de unas burocracias paralelas

altamente tecnificadas, perfectamente informadas y que para plagiar actuaban

casi en línea con las autoridades tributarias. La práctica del secuestro múltiple

dejó al desnudo unas organizaciones que, aunque rígidas y centralizadas,

adolecen en sus bases de serios problemas de información y de formación 123.

Esta apreciación, además, coincide con varios testimonios  que sugieren que la

indagación sobre la real capacidad de pago de las víctimas la hacen los

secuestradores básicamente a lo largo del proceso de negociación. Atrás

parecen haber quedado los secuestros selectivos precedidos de detalladas

labores de inteligencia sobre las víctimas. Lo que también ha resultado

organizaciones han sido sus reacciones cuando el premio de la pesca no

corresponde a las expectativas 124.

3.2 – Extranjeros y pólizas antisecuestro

Un aspecto que llama la atención en los reportes iniciales de prensa sobre las

mal denominadas pescas milagrosas, es la alta participación de extranjeros en

algunos de los incidentes 125; además, el año en que se consolida la práctica se

señala en los medios un incremento en el plagio de foráneos 126. Así, el término

utilizado para los secuestros masivos adquiere un nuevo sentido, y es el de

tratar de pescar en las carreteras a las que siguen siendo las víctimas más

apetecibles del secuestro: los extranjeros o los empleados de multinacionales

127

.

Un punto que vale la pena recordar es que los secuestros indiscriminados se

vieron precedidos por varios años de retenes subversivos en las carreteras,

con fines tan variados como el saboteo del tránsito, el incendio de vehículos, e

incluso el graffiti móvil 128. Al parecer, la localización de estos retenes no

siempre fue aleatoria sino que se podría asociar con áreas de operación de

compañías extranjeras 129. En forma similar al burgués con finca de recreo que

se acerca al área rural de operación de la guerrilla, las compañías del sector

primario, o las de construcción y reparación de infraestructura, constituyen

víctimas óptimas para el secuestro y la extorsión. Tan deseables que han sido

buscadas más allá de las fronteras 130 o han sido motivo de conflicto entre

grupos armados que pretenden dominar la respectiva zona de operación y

controlar los arreglos con las compañías 131. Desde la perspectiva de una

empresa que se instala en un área rural es difícil imaginar un mensaje más

contundente sobre la capacidad de dominio de un grupo armado en una región

que el bloqueo por varias horas, o aún días, de una carretera mediante el

establecimiento de un retén. Con este tipo de acción se marca con nitidez un

territorio y se señala que quien lo establece está en capacidad de ejercer el

poder y cobrar tributos. En este contexto, no parece fortuito que el incidente

con el cual se inauguraba la era de la pesca milagrosa ocurriera en la carretera

Bogotá-Villavicencio, en cuya construcción habían estado involucradas tres

compañías extranjeras que, previamente, habían sido víctimas de extorsión y

secuestro de algunos de sus empleados 132.  Un grupo que controla una región

atraído por la presencia de compañías extranjeras demuestra primero su poder

–y pone a prueba la capacidad de reacción del Estado- estableciendo retenes

para luego, como un simple co-producto de esa presencia, permitir que sus

efectivos más jóvenes jueguen a la pesca milagrosa 133.

El atractivo que siguen ejerciendo los empleados de compañías extranjeras

sobre los secuestradores no es tan sólo el resultado de los aparentes bolsillos

sin fondo de sus activos líquidos. Parte del efecto tendría que ver con el uso

cada vez más extendido de las pólizas de seguro antisecuestro 134 y el recurso

a negociadores profesionales, innovación reciente que ha permitido sofisticar al

máximo el manejo financiero de los rescates y, paralelamente, lubricar la

actividad del secuestro. Una opaca maraña de intereses de  compañías

aseguradoras internacionales, con ramificaciones que alcanzan apéndices del

mercado internacional de armas estarían, aquí literalmente, jugando a la pesca

milagrosa con los secuestradores colombianos

135

. La esencia del juego

consiste, para las compañías extranjeras, en esconder, o mimetizar, a sus

peces gordos asegurados, y para los secuestradores en tratar de pescarlos

136

.

La facultad que muestra esta sofisticada industria para estratificar a los

empleados de acuerdo con la póliza que se paga por ellos, y los

correspondientes rescates diferenciales en caso de un siniestro, no sería más

que una funesta prolongación del principio del pago de acuerdo a la

productividad marginal. Y la capacidad para extender las leyes del mercado a

la actividad del secuestro estaría sustentada en la acumulación de información

sobre casos en distintas partes del mundo y, por esa vía, por el establecimiento

de niveles de tarifas de acuerdo con los cargos. No es fortuito que, en este

turbio mercado, cada compañía aseguradora maneje sus casos siempre con

los mismos negociadores 137. Tampoco parece casualidad que en esa nueva

actividad financiera las negociaciones de pago de rescate funcionen de manera

particularmente fluida 138. Como ventajas secundarias para las compañías

estaría la mayor facilidad de descontar tributariamente los pagos de pólizas que

los de rescates o extorsión 139.

Lo que resulta asombroso es que para tratar de romper esa insólita maraña de

negocios situados en la frontera de lo criminal, con negociadores ya

institucionalizados, se siga insistiendo en hacer entrar en razón a los guerreros

y, simultáneamente, se allane cada vez más el camino legal a las finanzas del

negocio 140.

4 – UN DELITO PECULIAR

Está haciendo carrera tanto en los medios de comunicación como en algunos

trabajos académicos la idea de que el secuestro es un negocio más, que debe

ser analizado con las herramientas tradicionales de la economía 141. Tanto

desde el punto de vista del grupo agresor, como el de la víctima, como de las

autoridades que buscan enfrentarlo, la pretensión de asimilar el secuestro a

una simple actividad económica no resiste un análisis detallado. Tampoco

parece adecuado establecer una tajante distinción entre los secuestros

económicos y los políticos. En buena parte de los casos se da una compleja y

variada mezcla de móviles, como bien lo ilustra un comandante del ELN

cuando uno de los rehenes de un secuestro masivo le pregunta si se trata de

un asunto económico o político: “Primero, es retención, y segundo, no

sabemos. Puede ser político o también puede ser económico … O pueden ser

los dos. La verdad es que eso yo no lo sé”  142.

La mayor incongruencia de este planteamiento es que para que el secuestro se

consolide como una industria se requiere que sus ejecutores estén afiliados a

una férrea organización, con características políticas, con un alto grado de

adoctrinamiento orientado, precisamente, a minimizar la búsqueda de

beneficios particulares en aras de los intereses del grupo. No es coincidencia

que, como se señaló, la expansión del secuestro en América Latina se haya

dado en forma paralela a la de los grupos guerrilleros. Tampoco es casualidad

que, en Colombia, la geografía del secuestro, incluso la del apresuradamente

atribuido a la delincuencia común, sea la del conflicto armado. La simple

agregación de delincuentes individuales puede conducir a la generalización del

llamado secuestro express, que no es más que una sofisticación del atraco

callejero. Pero la consolidación del secuestro –con cautiverio de rehenes y

prolongada negociación del rescate- requiere altos niveles de organización,

respaldados por una ideología compartida 143. Por algo se ha dado

universalmente en contextos de guerra.

Por otra parte, el hecho que una organización política practique secuestros

puramente económicos para financiar sus actividades no debe llevar a la

asimilación de esa organización a una empresa capitalista. La ETA, por

ejemplo, ha realizado varios secuestros económicos 144, practica

corrientemente la extorsión 145 y sería insólita la pretensión de que se trata de

simples negociantes. La magnitud de las cifras obtenidas como rescates por los

Montoneros no permite concluir que estaban buscando dinero como

delincuentes comunes o haciendo negocios como empresarios. El dinero

obtenido con los secuestros –un medio- tenía para el grupo subversivo

argentino un objetivo bien definido: hacer la guerra para alcanzar el poder .

Entre los guerrilleros latinoamericanos, el de los Montoneros no era percibido

como un grupo con riqueza sino con poder 147. Una buena parte de los fondos

obtenidos por los grupos colombianos también se ha dedicado a la compra de

armas, que es lo que hace peculiares las actividades de la subversión.

Fuera de esta objeción básica –confundir los medios con los fines- para

Colombia son dos los argumentos en contra del planteamiento del secuestro

como negocio: el uso político de tal práctica por parte de grupos criminales

tradicionalmente considerados negociantes y, por otra parte, la estrecha

asociación que ha existido entre el secuestro, incluso el extorsivo, y los

procesos de paz.

4.1 – Alzando peces gordos 148

Con relación al uso del secuestro como herramienta política merece especial

atención el descomunal enfrentamiento que libró Pablo Escobar en contra de la

extradición de colombianos. Aunque este ya era un tema debatido desde las

épocas de la constitución del MAS, y había sido el caballo de batalla de Carlos

Lehder, el liderazgo de Escobar en ese frente ya es claro en Noviembre de

1986, cuando los llamados extraditables hacen público un comunicado que

contiene cinco reivindicaciones de indudable estirpe política 149. A raíz de la

detención y posterior liberación de uno de sus socios, Escobar emprende dos

guerras paralelas: contra el Estado y contra el Cartel de Cali 150. En el primer

frente, inicia la ofensiva de secuestros en 1988 151. A finales del año siguiente,

los plagiados fueron el hijo del secretario general de la presidencia y una

hermana del yerno del presidente Virgilio Barco. Luego de la mediación de una

comisión de notables 152 se llega a un acuerdo informal 153 que no se puede

cristalizar, aparentemente por presiones del gobierno americano; buscando

forzar el trato, Escobar libera a los rehenes y al no obtener nada a cambio se

siente traicionado por incumplimiento 154 y arrecia su guerra contra el Estado

colombiano.

Para permanecer en el ámbito de este trabajo, ya que la ofensiva se hizo en

múltiples frentes, se puede hablar de una verdadera cacería de rehenes por

parte de Escobar, no sólo entre las familias más ricas de Antioquia sino entre

personas vinculadas al gobierno y a los medios de comunicación. El que sería

un largo y tenaz forcejeo arranca el mismo mes de la posesión del presidente

Gaviria con el secuestro de ocho periodistas, entre los cuales está Diana

Turbay, hija de un ex presidente 155. Sin estar enterado aún que se trataba de

un secuestro  el gobierno emite un primer decreto de sometimiento a la justicia

156

. Insatisfecho con su contenido, Escobar repica con dos secuestros más 157.

A las pocas semanas se expide un nuevo decreto 158 que tampoco deja

contento al capo: refuerza su posición con otro doble secuestro 159. En este

punto, se crea una nueva comisión de notables 160 que hacen las veces de

mediadores y que, con algunos rodeos, abren la posibilidad de un tratamiento

político para los narcotraficantes 161. Reconociendo este significativo cambio de

estatus, Escobar libera a tres de los periodistas y el gobierno responde con un

tercer decreto 162, que tampoco satisface del todo al capo 163. A finales de

enero del año siguiente, y tras la muerte de Diana Turbay, el gobierno expide

un cuarto decreto 164, hecho casi a la medida de Escobar. El proceso de

intercambio de rehenes por sucesivas modificaciones al régimen penal

colombiano sólo concluye con la entrega del capo cinco horas después de que

en la Asamblea Nacional Constituyente se aprobara incluir en la carta magna la

no extradición de nacionales. Aunque la versión oficial de los hechos no

reconoce el vínculo entre el Artículo 35 de la Carta Política 165 y los rehenes de

Escobar, o su entrega a las autoridades precisamente el día de su aprobación

por la asamblea constituyente 166, existen varias razones para pensar que esto

fue algo más que una simple coincidencia. En primer lugar, desde finales del

Gobierno anterior, Escobar había manifestado su interés por una asamblea

constituyente que pudiera ocuparse de cualquier tema, como la extradición 167.

Por otro lado, a pesar de que, en las declaraciones públicas, tanto el gobierno

como connotados políticos mantenían una posición firme para mantener la

extradición, dentro de la asamblea se respiraba un ambiente de desconfianza,

168 e incluso temor para debatir el tema 168. Tercero, en las discusiones de la

constituyente se hizo explícito el vínculo entre la eventual aprobación de la no

extradición y el cese de hostilidades por parte de los narcos 169. Cuarto,

algunos observadores informados vieron clara la conexión, varios meses antes

de que se entregara Escobar 170.

La causalidad entre los rehenes y la aprobación de la no extradición en la

Constituyente no es tan nítida como aquella con los decretos de sometimiento.

Para los últimos,  resultan transparentes como indicios el estrecho seguimiento

que los familiares de las víctimas cautivas hicieron de las sucesivas versiones

de los decretos, la presión que continuamente ejercieron sobre el gobierno para

su modificación y los canales de comunicación que se establecieron a través

de ellos entre el capo y el gobierno 171. Para la constituyente, la asociación con

los plagios estuvo contaminada por otros mecanismos, como el soborno

directo, y por organizaciones diferentes a la de Escobar, como el Cartel de Cali

172

.  La conjetura que se puede hacer es que el rescate exigido por Escobar a

cambio de la liberación de los rehenes era el mutismo y la inacción de la

administración Gaviria ante lo que estaba ocurriendo alrededor de la no

extradición en la Asamblea Constituyente. Una explicación razonable y

parsimoniosa del insólito comportamiento del gobierno es que tenía el estrecho

margen de maniobra que da un secuestro 173. Una vez pagado el rescate –en

este caso no entorpecer la aprobación de la no extradición- son liberados los

rehenes y se entrega Escobar 174.

El blindaje legal que logró Pablo Escobar contra la extradición a punta de

plagios es pertinente para la adecuada comprensión del fenómeno del

secuestro en Colombia, y en particular de sus complejas interrelaciones con las

negociaciones políticas, por varias razones. Primero, porque desafía las

aproximaciones simplistas a la actividad que, como se señaló, plantean que se

trata de un negocio como cualquier otro. Incluso para el prototipo del

empresario del bajo mundo, queda claro que la dimensión económica del

secuestro fue muchas veces una cuestión secundaria, más un medio para sus

guerras –impulsadas no sólo por su interés en el negocio sino por orgullo,

ajuste de cuentas, venganzas o líos de faldas 175- que un fin en si misma.

Segundo, porque deja claro que la naturaleza económica o política de un

evento es más una cuestión del tamaño y poder relativo de las partes envueltas

que de sus intenciones. Una serie de secuestros con los cuales, incluso si se

cobran rescates económicos, se logra alterar el código penal, e incluso la

Constitución, de un país es un evento político como el que más, en forma

independiente de la motivación inicial del autor de los plagios. Tercero, por el

claro efecto demostración que tuvo sobre los demás grupos armados este incidente que mostraba con claridad todo lo que se podía lograr “alzando peces

gordos”. Tácticas primitivas, como la de amenazar o sobornar jueces,

resultaban ahora inocuas si se podía, mediante plagios, modificar el régimen

legal. Esta lección la aprendieron con claridad los grupos subversivos 176. No

deja de sorprender que, en forma paralela a la batalla de Escobar contra la

extradición, el tema que se ha vuelto obsesivo para las FARC sea la ley de

canje. Individuos que abierta y explícitamente manifiestan estar por fuera de las

leyes 177 terminan orientando su guerra hacia la protección legal a sus

actividades.

4.2 – Una eficaz herramienta para el diálogo

El monstruoso uso del plagio para obtener réditos políticos hecho por Escobar

no es un incidente aislado en la historia del secuestro en Colombia. Se trata,

por el contrario, de la caricatura, evidentemente extrema, de buena parte de los

diálogos, negociaciones y procesos de paz que en las últimas dos décadas se

han dado en el país con diversos grupos armados y que han estado

inextricablemente ligados al secuestro. Con un secuestro se iniciaron, o con un

secuestro acabaron, varios diálogos y esfuerzos por buscar la paz con los

grupos armados. Por otro lado, a lo largo de tales procesos uno de los

principales obstáculos ha sido el tema de los secuestros, importante fuente de

inconsistencias y tal vez la mayor fuente de ilegitimidad de las negociaciones.

El dilema básico que han enfrentado los distintos gobiernos ha sido la

necesidad de rechazar y condenar públicamente la práctica del secuestro y,

simultáneamente, mostrarse abiertos al diálogo con los autores de tal conducta.

La toma de la embajada de la República Dominicana por parte del M-19 fue

percibida por sus miembros como el paso inicial y definitivo para los diálogos

de los insurgentes con el Estado colombiano 178. Es difícil desconocer la

asociación entre este incidente y un giro en el tratamiento penal contemplado

para los grupos subversivos 179. También se puede situar allí el inicio de

sucesivas conversaciones con los grupos subversivos para la búsqueda de la

paz 180. Uno de los puntos críticos para el reconocido fracaso de la propuesta

inicial de amnistía de la administración Turbay –no se entregó ningún

guerrillero- era que no abarcaba los llamados delitos atroces, como el

secuestro 181.

El gobierno de Belisario Betancur presentó un nuevo proyecto de amnistía, más

amplia y con mayor respaldo político que la de los frustrados intentos anteriores

182

. Este nuevo esfuerzo, aunque criticado en los medios por haber estimulado

una escalada de la violencia y del secuestro 183, no fue bien acogido

inicialmente por el M-19  184 pero sí permitió un acercamiento con las FARC. En

los Acuerdos de la Uribe firmados con esta última agrupación se “condenaba y

desautorizaba” el secuestro 185. Sin embargo, de manera sorprendente, en

estos acuerdos se había evadido la discusión crítica de los secuestros ya

realizados. En particular, no se había enfrentado adecuadamente la cuestión

de la liberación de los secuestrados por parte de este grupo armado 186.

En 1984 se suscribieron acuerdos de tregua bilateral con las FARC, el M-19, el

EPL y la Autodefensa Obrera (ADO). Aunque tales acuerdos implicaban alto al

fuego por parte del las Fuerzas Armadas y el cese de ataques por parte de la

guerrilla, el cumplimiento fue difícil. Hubo asesinatos de activistas, y

campamentos guerrilleros fueron atacados. Por su parte, la subversión realizó

tomas armadas de municipios y no cesaron los secuestros. El M-19 instaló

campamentos de milicias urbanas en las principales ciudades. Así, en 1985 se

rompieron los acuerdos con el M-19 y el EPL. Con las FARC se mantuvieron

hasta 1987 187.

De todas maneras, el ambiente de diálogo con la administración Betancur llevó

a varios de los líderes de los grupos guerrilleros a rechazar públicamente este

mecanismo . Tal tipo de declaraciones, en medio del marcado incremento

que se percibía en el número de secuestros 189, llevó a situaciones extrañas

como la división interna de los grupos armados por motivo de dicha práctica

190

, al incremento en los casos de autoría dudosa, o cruzada 191 y,

paralelamente, a la consolidación de los delincuentes comunes como autores

de secuestros 192. Atrás quedaban las épocas de los plagios reivindicados

públicamente; el misterio se instalaba en la naciente industria  193.

En 1985 se volvió a proponer un indulto que esta vez excluía los delitos del

secuestro y la extorsión 194. Teniendo en cuenta el carácter generalizado del

secuestro por parte de los grupos guerrilleros, no se hicieron esperar las

críticas desde el proyecto de ley que excluía a la gran mayoría de guerrilleros

195

.

La asociación entre los diálogos de paz y los secuestros es nítida en el M-19.

Por ejemplo, al complicarse la negociación de lo que se había iniciado como un

claro secuestro económico, el de Camila Michelsen 196, se buscó darle a la

liberación la connotación del inicio de un gran diálogo nacional 197.

Posteriormente, fue el plagio del líder conservador Alvaro Gómez lo que

permitió retomar las conversaciones que se habían interrumpido de manera

tajante con otra captura de rehenes, la toma del Palacio de Justicia. Aunque la

versión oficial de estos eventos pretende minimizar la asociación entre el

secuestro de Gómez y el reinicio de las negociaciones con el M-19 es claro que

allí hubo algo más que una coincidencia en las fechas de los eventos 198. La

decisión de marginarse de este nuevo proceso de paz correspondió esta vez a

las FARC, y no estuvo exenta de “acciones armadas encubiertas”, incluyendo

secuestros, orientadas a sabotear las conversaciones 199.

Luego del ataque militar a Casa Verde, el santuario de las FARC, y de su

ausencia, con el ELN, en las deliberaciones de la Asamblea Nacional

Constituyente, a finales de Abril 30 de 1991 una delegación de la Coordinadora

Guerrillera Simón Bolívar (CGSB) irrumpió en la sede de la embajada

Venezolana en Colombia. El 3 de Junio siguiente se reiniciaban los diálogos

entre el gobierno y la CGSB en Caracas 200. La reanudación de las

negociaciones en Tlaxcala, en marzo de 1992, se rompió con otro secuestro

201

.

El largo y tortuoso proceso de paz del gobierno Pastrana se inició, tanto con las

FARC como con el ELN, con sendos secuestros ocurridos en las postrimerías

de la administración anterior 202. Los fallidos esfuerzos de diálogo con el ELN, y

luego las más avanzadas negociaciones con las FARC, que incluyeron una

zona de despeje, terminaron abruptamente con dos plagios 203. La asociación

entre los diálogos y los secuestros está tan consolidada en el país que tal tipo

de incidentes se toman a veces en los medios como indicios inequívocos de

paz 204.

Fuera de esta perversa asociación que, en Colombia, ha configurado al plagio

como una eficaz disculpa para sentarse o pararse de las mesas de

negociación, un punto aún más delicado de manejar lo constituye el dilema

moral, insoluble, de dialogar con grupos que, simultáneamente, mantienen

civiles secuestrados 205. El desarrollo de las conversaciones de las FARC con

el gobierno Pastrana, por ejemplo, estuvo permanentemente contaminado por

incidentes de secuestro 206. Para tragarse ese sapo ha sido necesario que las

partes recurran al cinismo 207, a embarazosas contradicciones 208, o que finjan

ignorar el problema, callándolo 209. En cualquier caso, no se puede desconocer el efecto corrosivo que estas actitudes, provocadas por el tema del secuestro,

han tenido sobre el desarrollo y la legitimidad de los procesos.

Al respecto, se puede especular que uno de los elementos que contribuyó a

que las negociaciones con el M-19 condujeran a la firma de un acuerdo de paz

y a su reincorporación a la vida civil es que, cuando estas se dieron, este grupo

subversivo era el que menos había entrado en la dinámica explosiva del

secuestro (Gráfica 3).

Aunque poco después de su tránsito de la actividad urbana a la rural, a

principios de los ochenta, hubo un debate público sobre si el M-19 mantenía en

su poder varios secuestrados 210, son varias las razones para pensar que tal

práctica, al menos en su dimensión económica, perdió progresivamente

relevancia para dicho grupo. Uno, había una importante acumulación de

recursos de mega secuestros anteriores 211. Dos, la especialidad del M-19 eran

precisamente los plagios grandes, en esencia urbanos. Tres, la alternativa del

secuestro rural no sólo era ajena a su repertorio de habilidades sino que ya se

tenía entonces la experiencia del ELN sobre los efectos políticamente

perversos del apoyo financiero exclusivamente rural. Además, se localizaron en

áreas campesinas pobres y escasas en familias urbanas visitantes o empresas

con recursos. Cuatro, los repetidos y fallidos esfuerzos por obtener

contribuciones forzosas de los narcos, que ratifican la vocación del M-19 por

los peces muy grandes, habían terminado desastrosamente. No es arriesgado

pensar que la traumática experiencia con el MAS habría producido un durable

escarmiento 212. Cinco, al parecer los dirigentes del grupo vetaron

repetidamente el secuestro de industriales nacionales o campesinos

adinerados cuando no hubiese adicionalmente una justificación política 213. Por

último, es posible que de haber recurrido a la siguiente cantera de personas

susceptibles de ser secuestradas, la clase media nacional, de manera masiva

se hubiesen multiplicado las situaciones incómodas para un grupo que contaba

con varios dirigentes cercanos a las víctimas 214. Aunque esta proximidad con

la burguesía pudo darse también en otros grupos subversivos, la vacuna contra

la empatía con las víctimas –el fuerte adoctrinamiento- estuvo menos

desarrollado en el M-19.

Para finalizar la argumentación en contra de la naturaleza esencialmente

económica de la actividad vale la pena mencionar, como ejemplo reciente de

un plagio que puede tener importantes repercusiones sobre futuros procesos

de paz, y de nuevo en forma totalmente independiente de si se exige o no un

rescate, es el de los tres norteamericanos secuestrados por las FARC en

febrero de 2003 tras la caída de la avioneta en que viajaban. Aunque la

tendencia hacia la desnarcotización de la agenda norteamericana en materia

de seguridad en Colombia y la definición del secuestro como prioridad de la

lucha antiterrorista se había dado antes 215, en la reacción a este secuestro se

han franqueado ciertas barreras 216 y no parece prudente descartar del todo la

posibilidad de una operación directa de rescate apoyada por comandos

militares extranjeros 217.

5 – CONCLUSIONES

El análisis de la evolución del secuestro en Colombia muestra que, con la

excepción de los primeros raptos de la moda Lindbergh, se trata de algo

bastante más complejo que un negocio criminal corriente, por distintas razones En primer lugar, porque a diferencia del atraco, o el robo callejero o incluso el

homicidio, el secuestro requirió, para consolidarse como actividad, de unas

organizaciones muy rígidas, y de una ideología que las aglutinara

internamente. El grueso del problema del secuestro en Colombia sigue girando

alrededor de organizaciones, no de delincuentes individuales. Las razones para

que se trate de un delito colectivo 218 son múltiples: (i) requiere división del

trabajo; (ii) presenta enormes problemas de agencia, que se solucionan de

manera eficaz a base de ideología 219; (iv) el adoctrinamiento es lo que asegura

que el botín del secuestro sea propiedad colectiva de un grupo, y no de los

individuos 220; (v) la reputación de violencia, insumo indispensable para

consolidar la industria, la acumulan organizaciones, rara vez individuos 221.

Así, el doble requisito de delito colectivo sustentado por una ideología, es lo

que hizo que lo adoptaran como actividad corriente básicamente las

organizaciones políticas. Aún más, se puede plantear que el recurso al

secuestro como fuente de financiación ha sido directamente proporcional al

dogmatismo, a la rigidez política y al adoctrinamiento de los grupos.

Irónicamente, la organización no subversiva que más practicó de manera

sistemática el secuestro, la de Pablo Escobar, lo hizo varias veces con móviles

exclusivamente políticos.

Puesto que el secuestro, aún el económico, lo han cometido ante todo

organizaciones políticas han sido inevitables, de manera recurrente, una

variada mezcla de consecuencias para un mismo incidente. A su vez, los

plagios por organizaciones rebeldes que buscaban derrocar el régimen, incluso

cuando simplemente se exigía un rescate monetario, se percibieron desde sus

orígenes como atentados a la seguridad pública, con la consecuente respuesta

militar.

Los distintos grupos armados se especializaron en los secuestros que podían

ejecutar en sus áreas de operación, la ciudad o el campo. Los impresionantes

éxitos iniciales del secuestro urbano incitaron a los grupos rurales a mirar hacia

las urbes. Los altos riesgos de las acciones urbanas, a su vez,  produjeron el

desplazamiento de la principal guerrilla urbana hacia el campo. El dilema entre

mayor rendimiento urbano y menor riesgo rural de los secuestros se resolvió

con las familias citadinas, o las empresas, que se acercaban a las áreas

rurales. El primer proceso lo facilitó la droga. En síntesis, la peculiaridad

colombiana que facilitó la consolidación del secuestro fue el desplazamiento de

riqueza, normalmente urbana, hacia las áreas rurales donde operaban las

guerrillas. El narcotráfico dio un impulso definitivo a la actividad y,

simultáneamente, abrió la compuerta de la guerra sucia para enfrentarlo.

Una característica del secuestro en Colombia ha sido la débil incidencia de los

móviles sexuales. Los grupos subversivos secuestran mujeres en mucho

menor proporción que hombres y son excepcionales las quejas por abuso

sexual o violación 222. Es difícil no pensar aquí en el ascendiente católico de los

secuestradores colombianos como base de los insólitos sistemas normativos

que rigen sus conductas y en la necesidad de complementar el eventual efecto

disuasivo de los jueces, que parece haber sido ser precario, con el de los

prelados 223.

En varias dimensiones el cambio de siglo marca el final de un ciclo en la

evolución del secuestro. Después de una accidentada y dolorosa trayectoria se

llega de nuevo a situaciones que recuerdan los orígenes de la actividad. No

deja de sorprender que, después de tantas innovaciones, de haber alcanzado

las míticas cimas de los rescates millonarios en dólares que se repartían entre

los necesitados, de haber logrado titulares en primera página en los diarios del

mundo y tiempo triple A en la TV por varias semanas consecutivas, después de

haber permitido doblegar gobiernos y alterar las leyes penales, después de

haber contribuido a gestar una de las mayores máquinas de matar, el secuestro

en Colombia esté dando muestras de volver a los humildes orígenes

campesinos de la época de los bandoleros. Por otro lado, parece haberse

enquistado en una de las entrañas más oscuras del sistema capitalista, lo que

en un principio se buscaba combatir.

Las noticias de secuestros muestran el retorno a las acciones puramente

políticas o propagandísticas 224. Ahora, lamentablemente, se suman algunos

plagios con un sentido puramente partidista, casi tribal y con unas víctimas

cada vez más difíciles de encajar en la visión de los enemigos del pueblo 225.

La metamorfosis del enemigo que merece ser plagiado ha sido tal que ya

puede serlo cualquiera que no pertenezca a la ahora poderosa organización

que secuestra. El indicio más dramático de esta transformación lo constituye el

reciente plagio, con un operativo digno de película, de una humilde mujer con

fines de servidumbre, algo que raya con la captura de esclavos 226.

Simultáneamente, la consolidación de la actividad llevó a los secuestradores a

establecer sofisticados y turbios acuerdos financieros de mutua conveniencia

con una de las facetas más inmorales del capitalismo, el enemigo inicial al cual

había que combatir por cualquier medio. Atrás quedaron las épocas heroicas

en las que se hacía público el monto de los rescates pagados y el uso de los

recursos obtenidos.

El otro ciclo que parece haberse completado es el de los flujos internacionales

en la tecnología del secuestro. De avezados importadores de las tácticas

montoneras, los grupos subversivos colombianos se convirtieron en hábiles

exportadores y promotores de la actividad más allá de las fronteras 227. Vale la

pena hacer referencia a un caso que le da un giro radical al concepto de

integración regional: un grupo subversivo chileno que, financiado por las FARC,

secuestra un alto ejecutivo en Sao Paulo 228.  Menos novelesca y más

sistemática resulta la expansión del secuestro hacia Venezuela, que tiene

todos los síntomas de un contagio desde Colombia. Son los estados próximos

a la frontera los que muestran tasas similares a la colombiana y muy superiores

a las del resto del vecino país (Gráfica 4). El denominado secuestro fronterizo

se percibe allí como una actividad ya consolidada  bajo el liderazgo indiscutible

de los grupos subversivos colombianos 229. Algunos de lo elementos de la

tecnología que se exporta han sido el bloqueo de la respuesta judicial ante los

secuestros e incluso la cooptación de iniciativas legales 230.

Parodiando el título de un trabajo reciente sobre el conflicto colombiano, los

poderosos secuestradores nacionales, como ya lo habían hecho los

narcotraficantes, están mostrando que este callejón no tiene una sino varias

salidas: hacia los países vecinos, hacia Latinoamérica 231 y, eventualmente,

hacia otros continentes 232.

Con este nuevo escenario en mente vale la pena preguntarse hasta cuando, y

hasta dónde, se seguirá reproduciendo el desafortunado reflejo colombiano de

responder a las tomas de rehenes, por violentas que puedan ser, con

llamamientos automáticos a retomar el diálogo con los agresores 233. La

singularidad colombiana de dar prioridad a la superación de las causas

objetivas y a la búsqueda de diálogo como respuesta inmediata a las

manifestaciones de violencia, con una intensidad que parece proporcional a la

gravedad del ataque, no ha llegado al extremo de proponer que ante los

asesinatos de colombianos, por sicarios colombianos y con tecnología

colombiana –la del parrillero- pero cometidos en Madrid, España, se deba

responder haciendo más inversión social en Medellín. Cabe entonces esperar

que cuando un comando de una organización armada colombiana secuestre en

el extranjero un grupo de personas de terceros países, los analistas o los

funcionarios internacionales de un cuarto país, no persistan en señalar, como

respuesta al incidente, que se deben enderezar las raíces locales del conflicto,

o que el establecimiento colombiano debe tratar de corregir lo que ocurrió en

Marquetalia en 1964.

La internacionalización del secuestro colombiano es un hecho, no sólo en

términos de diseño y tecnología, sino de capacidad de ejecución. A diferencia

de la épica era montonera, sin embargo, cuando los detalles de los incidentes y

su desenlace se hacían públicos, innovaciones significativas han sido la

opacidad, el misterio y la desinformación. Al otro lado de la mesa, también

parece evidente la internacionalización y concentración de la otra cara del

secuestro: la, esa sí, industria de la negociación. Se ha llegado a la situación

demencial en que virtuales multinacionales del secuestro, para mantener su

guerra, negocian en privado, y por debajo de la mesa, con las multinacionales

de las pólizas y del manejo de crisis.

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Versión PDF : DEL RAPTO A LA PESCA MILAGROSA BREVE HISTORIA DEL SECUESTRO EN Colombia        Versión en HTML

CEDE  — DICIEMBRE DE 2003

~ by lofredo on August 8, 2009.

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